Educación propone a los colegios que no sancionen al alumno si le castigan los padres

Educación propone a los colegios que no sancionen al alumno si le castigan los padres (El Correo 27/02/07)

Las familias deberán demostrar al centro que la «conducta inapropiada» del menor ha sido corregida

MARTA FDEZ. VALLEJO m.f.vallejo@diario-elcorreo.com/VITORIA

El Departamento de Educación dispone ya del borrador del nuevo decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos que regirá en el futuro la convivencia en las aulas. Los responsables de la consejería mostraron ayer en Vitoria a asociaciones de padres, profesores, directores de las dos redes y alumnos las propuestas del equipo de expertos que prepara la reforma. La nueva normativa otorgará a los directores la potestad de sancionar y agilizará la imposición de castigos -que hasta ahora tardaban meses-, además de establecer un abanico más amplio de medidas, entre ellas la posibilidad de que los colegios deleguen en los padres la aplicación de iniciativas correctoras ante algunas faltas.

Los técnicos plantean, en concreto, que «el cumplimiento de las sanciones en el ámbito familiar» pueda «sustituir» en algunos casos las acciones directas del centro escolar. «Se trata de trasladar a las familias la corrección de actitudes inapropiadas de los alumnos. Los centros podrán dejar de sancionar una falta si la familia aplica medidas para solucionar esa conducta», explicó ayer el inspector jefe de Vizcaya, Pedro Romero, miembro del equipo de expertos.

Los responsables educativos pretenden con esa novedosa iniciativa que las familias «se impliquen más» en el control del comportamiento de sus hijos. Los padres estarán obligados a probar ante el centro escolar que han actuado con sus hijos. La propuesta que presentó ayer el consejero de Educación, Tontxu Campos, señala que deberá constar de «modo fehaciente» que «las conductas inapropiadas constitutivas de falta han sido debidamente corregidas en el ámbito familiar».

La comunidad educativa reclamaba desde hace años la reforma del anterior decreto de 1994, que se considera «obsoleto» e «incapaz» de dar respuesta a las situaciones actuales. «Era un clamor», opinaba Ana Zugaza, directora de un instituto bilbaino. Cuando un alumno comete una falta el centro le abre un expediente. Se inicia una investigación, se toma declaración a los implicados, el consejo aprueba la sanción y los padres pueden recurrir la decisión. El proceso dura meses. Puede ocurrir, reconocían ayer los expertos, que un alumno acose a un compañero o pegue a un profesor y se le tenga que mantener en el aula semanas o meses.

Autoridad del director

El nuevo decreto potenciará la autoridad del director y de los profesores para la resolución de conflictos. La normativa, que recoge los mandatos de la LOE, otorga al director la capacidad de sancionar, una potestad que tenía hasta ahora el Consejo Escolar. Esa posibilidad permitirá agilizar la aplicación de los castigos.

«En general, las medidas disciplinarias se aplicarían en uno o dos días», detalló el inspector vizcaíno. La normativa sometida ayer a la valoración de los agentes educativos facilita, incluso, que algunas de las iniciativas correctoras que tome un colegio sean «de aplicación inmediata», puntualizó el consejero Campos.

El trabajo que ultima Educación plantea, por ejemplo, que la dirección del colegio pueda ordenar el cambio de centro escolar de un menor a la primera falta -ahora debe ser 'reincidente'- si se trata, por ejemplo, de un caso de acoso o agresión. También prevé otras iniciativas como la obligación de pagar los desperfectos causados, dejar al alumno sin evaluación continua o privarle de asistir a clase, todo ello sin la necesidad de abrirle un expediente. «Es un medio de forzar, al menos, la comparecencia de los padres en el centro», apuntaron los expertos.

Las acciones que quiere poner en marcha el Gobierno vasco buscan reducir la «judicialización» de los conflictos. La propuesta impulsa, de hecho, la conciliación como forma de resolver los problemas de convivencia: un proceso en el que el acusado pide perdón a la víctima, se acuerda una medida reparadora y se da carpetazo al asunto. La apertura de expedientes quedaría para los casos graves.

El consejero resaltó ayer que el objetivo de la reforma no es aplicar más mano dura en los colegios, sino ampliar el abanico de sanciones y reforzar «el carácter pedagógico de las acciones disciplinarias» que se tomen con los estudiantes de comportamientos incorrectos. «No se trata de quitarnos el problema de encima, sino de aplicar medidas de reeducación, de resocialización», matizó. Recordó que una veintena de centros escolares preparan en la actualidad planes de convivencia.